Marlaska ya tiene portada

Tras el secuestro de la revista satírica El Jueves, ordenada por el juez Del Olmo, se amplían las actividades de censura de la Judicatura española. El magistrado Fernando Grande-Marlaska se suma a la infamia y reabre una querella, que había archivado, en contra de los diarios vascos Deia y Gara.

El supuesto delito del que se acusa a estos periódicos es la difusión de la portada del semanario humorístico Caduca Hoy, en el que se comentaba de manera burlesca el escándalo en que se vio envuelto el Rey Juan Carlos I al matar en Rusia un oso enjaulado y borracho.

Parece más que sospechoso que se reabra el caso más de dos meses después de la presentación de la denuncia, y coincidiendo con la abultada cobertura mediática de la censura de El Jueves. De nuevo, nos encontramos ante un cargo público que, en lugar de velar por el interés general, se deja arrastrar por el afán de protagonismo. Marlaska, que ya se había destacado por sentencias más que discutibles y actuaciones posiblemente interesadas, vuelve a protagonizar un espectáculo que nada aporta a los ciudadanos, pero que le sitúa de nuevo como centro de la atención mediática.

En nuestro país miles de mujeres viven en situaciones de esclavitud sexual, se extiende la corrupción y somos campeones mundiales en consumo de cocaína. Pero la Audiencia Nacional cree que castigar humoristas es más importante.

Anasagasti y los bribones

El asunto de la edición secuestrada de El Jueves sigue dando motivos para la reflexión en todos los ámbitos de la blogosfera. Pero quien más cola va a traer será, probablemente, Iñaki Anasagasti y las palabras que sobre este asunto ha vertido en su blog.

En un artículo titulado "El Bribón", pone los puntos sobre las íes de la situación en España de una familia real a la que no tiene reparos en tachar de "impresentable" o "vaga". No faltan motivos y ya era hora, por cierto, de que también desde la clase política española se digan las cosas altas y claras.

El secuestro-actualización

Llega a esta Redacción la noticia de que el fotolog del cantautor Alfredo González ha sido clausurado. Su entrada más reciente reproducía la polémica portada de la revista EL Jueves.

Aunque el cantante ha abierto una nueva dirección, consideramos una acción muy grave el cierre de soportes electrónicos. Si bien su caso es el que antes hemos conocido por motivos de cercanía personal, sabemos a esta hora que muchas otras personas han sufrido ya el mismo ataque a su libertad de expresión.

Es una infamia que España se sume a la censura de Internet, poniendo a nuestro país al nivel de consolidadas democracias como Irán, Corea del Sur, Aurabia Saudí y Egipto.

La Judicatura española, que cada día nos sorprende con sentencias más estúpidas, tendría que recordar que la libertad de expresión está incluida entre los Derechos Humanos. No así el privilegio de que no se pueda decir nada, aunque sea verdad, que moleste a una determinada familia.

No a la censura. Libertad de expresión

Cosa de familia

Leemos que un juez ha decidido, apoyándose en lo que llama "prestigiosos especialistas", que una mujer murciana se quede sin la custodia de sus hijas por su orientación sexual. El auto judicial, extractado en el medio del que citamos la noticia, no tiene desperdicio y parece más bien una hoja parroquial que un texto presuntamente legal. Con argumentaciones tan solventes como la que en su día dio doña Ana Botella, el juez estima que basta "el sentido común" para ratificar sus palabras, además del riesgo médico que entraña un ambiente homosexual para los menores.

Lo que es contagioso, señor juez, no es la homosexualidad, sino la estupidez. Lean si no con qué palabras se descuelga hoy el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.

¡No hagamos sufrir a estos pobres varones afectados por las presiones del lobby gay que sostiene a Zapatero en el poder! ¡Financiemos su exilio moral en Polonia!

Democracia diluida al 10%

Imagínense una entidad en la que se presenta una Constitución a consulta popular. Imagínense que es rechazada. Y luego imagínense que la clase política impone, sin refrendarlo con los ciudadanos, el 90% de esa Constitución.

Si este hecho ocurriese, digamos, en África, de inmediato sería calificado como un acto dictatorial. Pero la entidad de la que hablamos es la Unión Europea.

Tras el amplio rechazo que el Tratado Constitucional provocó en Francia y Holanda, ahora se hacen las cosas bien: no se pregunta a nadie si quiere una Constitución que recorta derechos y libertades. No vaya a ser que digan que no.

El Tratado, que en nuestro país se presentó como un complemento a la Constitución Española, y se publicitó aludiendo de manera continua a la Transición, dista mucho de ser un avance democrático. El texto en sí parece garantista, pero es una mera declaración de intenciones. El peligro está en los anexos.

Los anexos, protocolos y declaraciones son la auténtica base legislativa de la Constitución Europea. Y éstos son un coladero de irregularidades que permiten la invasión de la intimidad (ver apartado 10), el tráfico incontrolado de armas (Art.III-436), y llegan hasta el punto de establecer que el asesinato no es delito si se usa para evitar una fuga (disparar por la espalda) ni si es utilizado para "reprimir una revuelta" (Art. 2.3).

El Tratado Constitucional Europeo que está siendo impuesto de manera autoritaria representa un grave recorte de los derechos de los ciudadanos. La unidad de Europa no es un pretexto, puesto que también la pretendieron insignes demócratas como Hitler, y nos cuesta creer que hubiese traído algo bueno. El Consejo de Redacción desea declarar su apoyo a la unión política de Europa, pero desde el respeto a las libertades civiles.

La democracia al 10% no es democracia.

El secuestro

El secuestro de la edición de la revista El Jueves, evento que no se producía desde antes de la entrada en vigor de la Constitución, no ha tenido el resultado que el juez Del Olmo pretendía.

A pesar de que la intención, según el auto judicial, era la de evitar la difusión de una imagen supuestamente afrentosa para la familia real, ésta ha sido divulgada en diversos soportes, consiguiendo así una mayor publicidad de la que hubiese obtenido en condiciones normales.

La primera opinión que el secuestro provocó en este Consejo de Redacción fue la de que el juez se había extralimitado en sus funciones, puesto que la Casa Real ni siquiera había solicitado tal procedimiento. Tras la reflexión, creemos que la intención de Del Olmo era muy distinta de la manifestada públicamente.

Con esta medida represiva, Del Olmo se suma a la línea de la justicia-espectáculo, inaugurada en nuestro país por las bufonadas judiciales de Marlaska, y que en nada beneficia a la sociedad en general pero resulta provechoso para los magistrados protagonistas, que de esta manera se sitúan en el centro de la atención mediática y ciudadana.

Este tipo de actuaciones contribuyen a profundizar en la baja calidad de la democracia española, aquejada por el afán de protagonismo y la anteposición de los intereses personales al bien público. El juez Del Olmo no ha conseguido evitar la difusión de la portada objeto de secuestro. Pero sí ha logrado aparecer él mismo en las primeras planas de todos los periódicos nacionales.

Censura en España

Nos llega la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha decidido retirar de la venta y secuestrar los ejemplares de la revista satírica El Jueves, un clásico entre las publicaciones humorísticas en nuestro país. El motivo que el reputado jurista aduce en su auto para cometer este atentado en contra de la libre expresión es la imagen de portada, en la que se muestra una caricatura de los Príncipes de Asturias en una postura sexual explícita, mientras el Príncipe pregunta a su esposa: "¿Te das cuenta si te quedas preñada?.... Esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida". Los creadores de la caricatura se enfrentan a una posible pena de dos años de cárcel .

Esta acción constituye una grave insidia contra el espíritu de la Constitución Española, que establece lo siguiente:

Artículo 20 1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Creeemos que la caricatura no es en absoluto una injuria, una calumnia ni un ataque contra el honor de los Príncipes, hechos que explicarían este procedimiento.

Llamamos a la Judicatura española a rectificar este grave atentado contra los derechos civiles.